Dentro de los próximos días el Ejecutivo
enviará al Congreso la denominada “Ley Mi Cabo”. Este proyecto busca
establecer como delito el insulto grave a un carabinero o policía en
ejercicio de sus funciones y eleva las penas del delito de maltrato de
obra, causando lesiones graves a los miembros de Carabineros o la PDI.
El Mandatario dejó claro en su reciente
cuenta pública del 21 de mayo, que su gobierno no tolerará los insultos y
menos las agresiones a carabineros. El proyecto considera delito el
insulto grave o reiterado a un miembro determinado de carabineros en
ejercicio de sus funciones, así también los golpes, los maltratos y
atentados a vehículos y recintos policiales.
A través de la “Ley Mi Cabo” el gobierno
quiere frenar las ofensas, por lo tanto, quienes agredan verbal o
físicamente a un carabinero, podrían pagar hasta con 60 días de cárcel.
Sin embargo, el proyecto establece que será el policía quien diga si se
sintió ofendido o no, esto significa que si alguien dice “paco huevón”
no necesariamente puede ser detenido. Posteriormente, es el fiscal quien
determinará si se considera un “insulto grave”, para iniciar la
investigación, y serán los propios parlamentarios quienes establecerán
en forma específica qué se entenderá como “grave”.
La controversia se abre de inmediato al
pensar la amplitud de lo que se pueda considerar un insulto. Por lo
mismo, hay que dejar muy claro cuáles serán las conductas que serán
penadas: un escupo, un garabato, un manotazo, etc.
Es cierto que en ningún país democrático
se debería permitir que a los policías se les agreda, pero ¿se podrá
resolver un problema de castigos con otros castigos?. Ya se comienza a
especular qué harán los carabineros con esta herramienta, porque si
actualmente se han visto casos donde abusan de su poder ¿qué podrán
hacer con esta ley a su favor?
Fuente: elrastro.com
