Andrés
Allamand siendo senador promovió los cultivos transgénicos y Michelle
Bachelet envió al Congreso durante su gestión el Convenio UPOV 91, del
gusto de la transnacional Monsanto y que prohíbe el intercambio de
semillas. Además en el gobierno de la candidata concertacionista se
subsidió con recursos de la Corfo a Syngenta y Dupont/Pioneer,
transnacionales de semilleras y productoras de agrotóxicos.
Hay políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad corporativa que agrupa en Chile a Monsanto y otros
productores de plaguicidas y semillas. El candidato presidencial de RN,
Andrés Allamand, desde que era senador comenzó a promover los cultivos
transgénicos. Junto a Alberto Espina, Fernando
Flores y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición,
firmando un proyecto de moratoria), fue uno de los autores del proyecto
de Ley de Bioseguridad que persigue la introducción de cultivos
genéticamente modificados.
En 2011, el senado aprobó la firma del Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91,
presentado a su vez por la ex Presidenta Bachelet y acelerado por
Piñera. El Convenio de “Protección” Vegetal da garantías de prolongado
royalty por las semillas híbridas y transgénicas y entre otras
aberraciones, prohíbe el libre intercambio de semillas, asegurando su
control por los denominados
“obtentores”, en su mayoría transnacionales agroquímicas como Monsanto,
Syngenta, Pioneer/Dupont y un pequeño grupo de socios menores. Permite a
las propias empresas demandar a quienes reproduzcan o “pirateen” sus
semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en los países
europeos.
Votaron a favor del Convenio, los senadores Carlos
Cantero (Antofagasta, Independiente); los UDI Juan Antonio Coloma y
Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos
de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y los RN Francisco Chahuán
(Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos
Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo
Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). Se
abstuvieron los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier
(O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker
(Aysén), Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
El senado votó el convenio UPOV 91
entre gallos y medianoche, mientras se desarrollaba en las calles la
masiva manifestación contra el proyecto HidroAysén. Pero no ha sido
promulgado como ley de la República, porque sus disposiciones
contradicen la Ley 19.342, la actual legislación sobre semillas.
Chile, junto a Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y China,
continúa rigiéndose por el Convenio del año 1978. Por eso los senadores
UDI y RN reflotan periódicamente el lobby sobre el tema. Pero la
movilización social y ambiental ha impedido al gobierno de Piñera operar
en el Senado, y el tiempo ha pasado a favor de una mayor conciencia
ciudadana sobre la importancia de la defensa de la semilla nativa, y de
parar toda ley que pavimente el camino a los cultivos transgénicos para
el mercado interno y signifique el aumento del uso de plaguicidas
extremadamente tóxicos asociados a estos cultivos, como es el caso de
los herbicidas Roundup (glifosato), 2,4-D, clorpirifós, entre otros.
LA CANDIDATA BACHELET Y EL CONVENIO UPOV 91
Fueron
dos los proyectos de ley emblemáticos para Monsanto y las
transnacionales semilleras que fueron introducidos al congreso por el
gobierno de la ex Presidenta Bachelet el año 2008, bajo el “cuco” de que
habría sanciones del gobierno de USA si no se aprobaba rápidamente. El
compromiso figuraba en la letra chica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El proyecto de Ley de Obtentores Vegetales y el Convenio UPOV 91,
tienen que ver con la propiedad intelectual de la semilla. Antes que se
renovara la Cámara, el último día de vigencia de su mandato, en 2010, los
Diputados aprobaron el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales,
haciendo caso omiso a las múltiples indicaciones propuestas por las
organizaciones campesinas y ambientales. El proyecto pasó entonces al
Senado pero no se ha iniciado su discusión.
La ley de Obtentores Vegetales, que las organizaciones sociales y ambientales, y productores
agrícolas y campesinos denominamos Proyecto de Privatización de la
Semilla, proponía derogar la actual Ley de Semillas (que permitió firmar
el Convenio UPOV en su versión del año 1978) y reemplazarla por una que
fuera totalmente funcional al convenio UPOV 91. Bachelet no aceptó
ninguna reunión para discutir ese proyecto, negándose a entrevistarse
con las más de 40 organizaciones que hicieron ver su rechazo al
contenido de la iniciativa. Hoy sabemos que este proyecto de ley fue
elaborado por ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas
es decir por Monsanto, von Baer y los productores de semillas híbridas y
transgénicas, que son quienes desean asegurar un mayor lucro por la
venta de estas semillas.
EL VÍNCULO JORGE SCHAULSON
En una entrevista publicada en revista Caras, sobre la complicada situación del lobista Jorge Schaulsohn, se
informaba que Allamand y Schaulson habían sido socios en una oficina de
abogados en USA. Schaulsohn entrega al fin de la entrevista en caras su
respaldo al actual presidenciable. Es vuelta de mano: Allamand respaldó
a Schaulsohn y Flores en la fundación del partido Chile Primero, que
tras abandonar la Concertación se plegó a la Alianza. El abogado
Schaulsohn, reconocido lobista de las empresas, estuvo íntimamente
relacionado con las corporaciones agroquímicas, de la biotecnología, la
minería y el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante el SAG contra la prohibición inmediata del venenoso herbicida paraquat producido por Syngenta. La medida había sido solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a la salud y el ambiente causados por la sustancia química.
BACHELET Y EL NO AL ETIQUETADO DE TRANSGÉNICOS
El lobby de Monsanto también funcionó en el año 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos.
Su entonces ministra de salud, la doctora Bachelet y sus asesores
habían preparado una impecable normativa sobre etiquetado de alimentos
GM transgénicos, el decreto 293.
La Contraloría tomó razón del decreto el 20 de junio de ese año. Pero
ese decreto nunca se promulgó en el Diario Oficial. En lo principal,
establecía un umbral de tolerancia de 1% de contenido de transgénicos.
Aquellos alimentos que superaran ese margen debían indicar en el listado
de ingredientes, “con caracteres destacados, el ingrediente modificado
genéticamente”. Los envases debían llevar, según la norma un sello que
diga “transgénico” o si eran muy pequeños, “OGM”. De manera que hoy no
tenemos etiquetado de transgénicos ni derecho a elegir y saber qué
estamos consumiendo porque el entonces presidente Lagos y su ministra
desistieron de hacerlo. ¿Quién los “convenció”?
En el gobierno de Bachelet también destacan dos millonarios subsidios a Syngenta y Dupont/Pioneer,
que están entre las más poderosas transnacionales semilleras y
productoras de agrotóxicos. El año 2007, CORFO le aportó 1,7 millones de
dólares para la instalación de un centro de semillas en el valle de
Azapa, en Arica. Dupont recibió de CORFO casi un millón de dólares para
su Estación Experimental Agroindustrial, también en el Valle de Azapa. A
ello se agrega que durante todos los gobiernos de la Concertación, no
existió voluntad política para firmar el Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología, que contribuiría a la protección del
patrimonio genético del país, ni para impulsar una Ley de protección de
la Biodiversidad.
EL PROYECTO DE LEY MONSANTO
El
primer proyecto de ley sobre introducción de los transgénicos en Chile
(año 2008), en que intervino Allamand, era similar al impulsado por
Monsanto en México.La injerencia de la transnacional en ese proyecto fue ampliamente denunciada por varios sectores de la sociedad, que entonces lo denominaron “proyecto de Ley Monsanto”.
El gobierno de Sebastián Piñera
intentó en 2010 agilizar este proyecto, cuya tramitación estuvo
detenida en tiempos de la ex presidenta Bachelet. Piñera envió al Senado
indicaciones sustitutivas de la mayor parte del articulado, para
asegurar lo central: la introducción de los transgénicos para el mercado
interno. El gobierno actual optó porque aspectos relacionados con la
bioseguridad y otras aristas importantes fueran abordados después de la
aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no hay discusión
pública posible.
En
una reunión sostenida en abril de 2010 en el Ministerio de Agricultura
por organizaciones ambientales y sociales, para discutir el tema de los
transgénicos, los asesores del entonces ministro de Agricultura, José Antonio Galilea;
Santiago Izquierdo y Fernando Astaburuaga afirmaron textualmente:
“Allamand y Espina nos dijeron que la orden es que este proyecto debía
estar aprobado en junio o julio de 2010. Tiene que hacerse rápidamente.” Las órdenes provenían probablemente de Estados Unidos, donde está la sede de Monsanto, en Missouri.
Lucía Sepúlveda Ruiz
El Ciudadano
