Hace exactamente una semana, a través del envío de un oficio al Senado, el Ejecutivo optó por quitar la urgencia al proyecto Ley de Obtentores Vegetales (UPOV 91), también conocido como “Ley Monsanto”.
Este proyecto de ley ha generado rechazo
en organizaciones ciudadanas y ambientalistas, que incluso ya
realizaron velatones en diversos puntos del país para rechazar la
iniciativa, que según denuncian, busca privatizar el acceso a las
semillas que se obtienen a través de modificaciones a las plantaciones,
beneficiando a grandes multinacionales como Syngenta, Bayer o Monsanto.
La ley en general busca que
quien obtiene una semilla nueva o variaciones, la pueda patentar a su
nombre, y recibir los dividendos de su explotación, sea por él mismo o por otro agricultor.
Esto significa que un agricultor
pequeño, que suele hacer variaciones a las semillas, guardarlas de un
año para otro, o intercambiarlas con otros campesino, ya no lo podrá
hacer si es que están ya registradas por otro agricultor.
Por otro lado, al no existir un registro
o “inventario” de todas las semillas que hay en Chile, ni protección
para ellas, se podrán patentar todas sin distinción, lo que generaría
perder la soberanía de aquellas que por años han pertenecido, por
ejemplo, a los pueblos originarios.
Existe un concepto internacional de agricultor en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en que se reconoce que la persona que siembra y cosecha tiene el
derecho a usar la semilla que surge de su cosecha, algo que la ley de
obtentores no permitiría si ésta ya está patentada por otro.
Tramitación legal
El proyecto fue ingresado al Congreso (a
la Cámara de Diputados) por el Gobierno de Michelle Bachelet, el 13 de
enero del año 2009. El texto fue aprobado en general y en particular en
la Cámara Baja, cerrando su primer trámite constitucional, en una sesión
efectuada el 9 de marzo de 2010, dos días antes del cambio de Gobierno.
El proyecto fue revisado por la Comisión
de Agricultura del Senado en una sesión efectuada el pasado 6 de
agosto, que entregó un informe que lo dejó en condiciones de discutirse
en al Sala de la Cámara Alta. Se esperaba que la iniciativa se votara el
pasado 28 de agosto, pero finalmente el Gobierno decidió quitarle la
urgencia para ser revisada.
DONDE QUITARLE LA URGENCIA QUIERE DECIR, ESPERAR A QUE NADIE SE ACUERDE Y SE APASIGÜEN LAS AGUAS PARA APROBAR EL PROYECTO... NO DEJEMOS QUE ESO SUCEDA.
Fuente: acuerdos.cl
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