Una investigación encabezada por los periodistas Juan
Francisco Riumalló y Soledad Millar, que se extendió por cerca de tres
años, revisó el patrimonio de los 158 parlamentarios chilenos, en una
nueva investigación realizada por el programa “Contacto” de Canal 13,
que dejó al descubierto una serie de conflictos de interés de los
congresistas nacionales.
Según dejó en evidencia el reportaje, cerca de un 40% de los
congresistas tienen participación en sociedades que no han sido
incluidas en las declaraciones de patrimonio que por ley están obligados
a realizar.
De acuerdo a lo que señala la Ley 18.918, todos los parlamentarios
deben exponer públicamente sus inversiones y participaciones en
sociedades comerciales, con el fin de evitar que participen en alguna
discusión legislativa que tenga alguna relación con esas empresas.
El primero en saltar a la palestra fue el diputado UDI Ramón
Barros, quien cultiva en un fundo de su propiedad unas 40 hectáreas
dedicadas a los viñedos. El problema radica en que Barros votó en contra
de un proyecto de ley que afecta directamente a las empresas
vitivinícolas en el proyecto que incluía la prohibición para que las
bebidas alcohólicas publiciten libremente.
Pero además, el diputado gremialista posee una plantación de tabaco, y
coincidentemente se mostró abiertamente en contra de la Ley de Tabaco
presentada por el Ministerio de Salud, pese a ser un productor menor de
la droga legal.
Y no sólo Barros aparece en entredicho, sino que también el diputado
gremialista Ignacio Urrutia, quien pese a tener una hermana vinculada al
mundo vitivinícolas, votó en contra de quitar la publicidad del alcohol
en eventos deportivos.
Además, el congresista oficialista votó la ley que regula la
agricultura orgánica el 2005, pese a tener una plantación de frutas
orgánicas en unas 100 hectáreas. Lo particular es que defendió a los
pequeños productores, tal como él mismo.
El siguiente en salir a la luz, fue el senador Andrés Zaldívar, quien
incluso fue denunciado en su oportunidad por el entonces diputado
Nelson Ávila y el economista Marcel Claude. En la última y polémica
votación de la Ley de Pesca, Andrés Zaldívar dio su aprobación a pesar
de tener un hermano y un sobrino vinculados a Corpesca.
Consultado en la investigación el senador DC se defendió asegurando
que el ya no posee acciones, agregando que en el caso de sus familiares
sólo su sobrino tiene un cargo (es gerente), pero que en una posición de
“tercer orden”.
LAS MEDIAGUAS DE SABAG
Otro de los puntos que dejó al descubierto el reportaje, involucra
directamente al senador del Bío Bío Hosain Sabag, luego que sus hijos
vendieran unas 200 mediaguas al Estado un año después del 27F, en una
acción que involucró a Jorge Sabag, también parlamentario por la zona.
Actualmente esas viviendas de emergencia que costaron unos 900 mil
pesos cada una, que fueron recomendadas por el propio senador, están
emplazadas en el sector Los Lobos de Talcahuano, según consta en los
registros de la Municipalidad porteña.
Al respecto, Sabag se defendió indicando que “estamos hablando de
cosas ridículas en valores, son cosas mínimas, estamos hablando de
pequeñeces (…) Están hilando demasiado fino ustedes”.
Pero no sólo Sabag fue uno de los parlamentarios del Bío Bío
cuestionado en la investigación. Cargo Service Limitada se ahorra 22
millones de pesos en concepto de devolución de impuestos por el diesel
que ocupan sus camiones, cuya dueña es la esposa del también diputado
por el Bío Bío, Jorge Ulloa (UDI), quien en dos ocasiones votó a favor
de este beneficio tributario.
Por otro lado, el escándalo también salpica a la socialista Clemira
Pacheco, cuyos hermanos figuran como dueños de un colegio de Coronel,
que fue beneficiado con el proyecto que votó favorablemente y que
aumentó la subvención que el Estado otorga a los colegios como el que
ella antes figuró como sostenedora.
VACÍOS EN LA LEY
Sin embargo, vacíos en la ley permiten a los “honorables” queden sin
sanción en el caso que se detecte un eventual conflicto de interés, a
diferencia de otros países -como Estados Unidos- donde el castigo puede
incluso llegar a la destitución del cargo.
Incluso, un proyecto que buscaba sancionar los conflictos de interés
fue rechazado por los propios parlamentarios, sin que hasta la fecha
exista alguna iniciativa que busque transparentar los intereses de los
congresistas.
Fuente: biobiochile.cl
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